EL
CAMINO RECORRIDO
Antecedentes
Si la década del
90 se caracterizó por una ola de privatizaciones de las empresas públicas, la
primera década del siglo XXI estuvo marcada por la resistencia a la
privatización y la recuperación, en muchos casos, de dichas empresas. En lo que
se refiere al agua, en todo el continente la lucha de los movimientos sociales
y grupos comprometidos con la defensa de los recursos naturales logró obtener
triunfos considerables[1],
como la expulsión de transnacionales y la inclusión del agua como derecho
fundamental en el marco legislativo de varias naciones; si lo primero sirvió de
antecedente e impulso, lo segundo definió un compromiso Estatal de protección
del recurso.
Los logros obtenidos hasta ahora
son sin duda la muestra de que se ha avanzado en el camino y con resultados
positivos para la población. Aún así persiste el peligro tanto de nuevas privatizaciones
como de otras formas de mercantilización del agua; por lo tanto, su defensa y
preservación requiere acciones en dos aspectos: en el primero está la alerta y constante
lucha por mantener la propiedad pública de este recurso natural y de la empresa
encargada de su manejo. Y un segundo aspecto implica el desafío de cómo llevar
adelante exitosamente la gestión del agua, garantizando que su calidad y su
cantidad serán adecuadas y suficientes para toda la población.
Si bien, en cada lugar las
personas resuelven el acceso al agua, organizados en grupos autogestionarios en
algunos casos o, siendo parte de la red de empresas públicas en otros, la idea
es que todos tengan asegurado el acceso al agua potable a un costo justo y
asequible, para lograr esto se requiere que la empresa o asociación no sea
privada puesto que esa condición lleva implícita el objetivo del lucro.
Siendo que la finalidad de las
empresas públicas no es el lucro sino el servicio a la gente, los actores
involucrados en la gestión del agua deben contar con un modelo pensado para tal
fin: una herramienta de trabajo que contemple la gestión del agua en su
integralidad, eficiente y eficaz, tranparente y participativa que involucre a
la sociedad en su conjunto. Se tiene en el Continente la experiencia de
empresas que brindan un servicio con estas características, por ejemplo ABSA (Argentina)
y OSE (Uruguay), dispuestas a colaborar en el proceso de cambio que lleve a las
otras empresas públicas y asociaciones autogestionarias a ofrecer un servicio,
no sólo de calidad, sino también solidario con la población de escasos recursos.
Esa idea fue la semilla de los Acuerdos Públicos Comunitarios: con base en la
cooperación entre empresas y/o asociaciones construir un modelo de gestión del
agua que mantenga su cualidad de público o comunitario y logre una cobertura de
calidad en su lugar de acción. Además, dicha gestión deberá incluir la
participación activa y consensuada de todos los involucrados en el proceso: autoridades,
operadores, técnicos y usuarios.
La propuesta de los Acuerdos
Públicos Comunitarios, entonces, se presenta como una respuesta para atender a
los dos aspectos anteriormente mencionados: la continua resistencia ante las
privatizaciones y otras formas de mercantilización del agua, y el desafío de
llevar adelante un manejo solidario y sostenible, cuya cobertura beneficie a
toda la población.
Nace
la Plataforma
A lo largo de los últimos años
hubo una serie de eventos que sirvieron de espacio y motivo para que miembros
de organizaciones ambientales, movimientos sociales, sindicatos, operadores
públicos, autoridades, activistas y otros, se reunieran a dialogar sobre la
necesidad de construir un modelo de gestión del agua exitoso y participativo
que considere las diferentes experiencias, rescate los logros de las empresa
y/o asociaciones, identifique sus debilidades y plantee formas para el
fortalecimiento, encaminando este al mejoramiento del servicio y a su
permanencia como un bien público.
Con esta visión muchos luchadores sociales, operadores de agua,
trabajadores del sector de agua potable y saneamiento de la región de Bolivia,
Brasil, Venezuela y Argentina, reunidos en el Encuentro “Octubre Azul Uruguayo” (2006) comenzaron el camino hacia la
construcción de ese modelo que impulse la reactivación y modernización de las
empresas públicas.
Más adelante, en Cochabamba (2007) se reunieron miembros de la
Coordinadora en
Defensa del Agua y la Vida de
Bolivia, representantes de OSE, de FFOSE y de la CNDAV del Uruguay redactaron
un documento manifestando la “voluntad” de recorrer el camino de cooperar
públicamente, sin fines de lucro, buscando intercambiar y compartir solidariamente
las experiencias exitosas de manejo público de los servicios con quien lo
necesite.
Ese mismo año, en Lima se realizó
la Segunda Asamblea de la RedVida, en esta ocasión los miembros definieron que
dentro de su Plan de Trabajo será prioridad la construcción de un modelo
público exitoso que desafíe las visiones ineficaces, no participativas,
excluyentes, como únicas e incuestionables.
En el 2008 en Cochabamba se efectuó el Encuentro: “Agua, Bien común, gestión pública y alternativas” donde los participantes
redactaron un ACUERDO MARCO que estable los primeros principios y contenidos
sobre los Acuerdos Públicos Comunitarios.
Con estos eventos como
antecedentes, representantes de organizaciones civiles y sociales, operadores
públicos, sindicatos, cooperativas, ONGs, federaciones, comunidades y sistemas
comunitarios, universidades y gobiernos se reunieron en Paso Severino (Uruguay,
abril de 2009) para la Conformación de la Plataforma
de Cooperación Pública Comunitaria.
La formación de la Plataforma aglutinando
a instituciones, organizaciones y grupos comprometidos con la defensa del agua
como derecho humano fundamental y bien común y público, tiene como principal
finalidad promover e impulsar la firma y ejecución de acuerdos de cooperación
públicos y comunitarios. Para llevar adelante este objetivo, una vez
establecida la Plataforma, se requería estructurarla y consolidarla, en este
sentido, el grupo de coordinación elaboró el Proyecto de la Plataforma de Acuerdos Públicos Comunitarios presentado
a ICCO & Kerk in Actie en julio de 2009.
Dicho
proyecto es una propuesta detallada sobre los lineamientos a seguir para la consolidación y funcionamiento de la
Plataforma. De esta forma, en el mencionado documento se establece entre los
objetivos principales los siguientes:
La estrategia para cumplir los objetivos del proyecto tiene tres fases
principales:
La primera fase concluyó en Abril 2009 con la firma del Acuerdo Marco de
Compromiso en el evento de Paso Severino, (Uruguay) y con ello el
establecimiento de la Plataforma.
Actualmente, se está en la
segunda fase del proyecto, que se inició con el funcionamiento una de la
oficinas de la Secretaria Técnica en la Fundación Abril
(Cochabamba-Bolivia) en diciembre del
anterior año y, en abril de este año inició su trabajo la otra oficina en la OSE
(Montevideo-Uruguay).
La metodología del funcionamiento de la Plataforma propone como base
un trabajo en red a nivel regional y global. En este sentido, la Plataforma es un espacio colectivo
de encuentro, debate, cooperación, aprendizaje y co-acción entre los miembros.
Proyectos
piloto
A pesar que las actividades del
proyecto se iniciaron formalmente después de la firma del convenio con la
financiadora ICCO, en el transcurso de los meses que le siguieron a la creación de la Plataforma de APC, el grupo
ampliado de coordinación trabajó estableciendo dos proyectos piloto,
identificados a base de criterios técnicos, políticos, sociales, ambientales y económicos, definidos para este proceso.
En este contexto, la OSE(Obras
Sanitarias del Estado) empresa pública que suministra servicios de Agua Potable
y Saneamiento en el Uruguay, en fecha 5 de Noviembre de 2008, aceptó la
solicitud de colaboración enviada por
AAPOS (Administración Autónoma para Obras Sanitarias Potosí ) para la
asesoría en la implementación de un Sistema de Potabilización apropiado para la
zona de Alto Potosí, donde los pobladores se abastecen de un camión cisterna y
recurriendo a las aguas de vertiente de montaña.
La empresa cooperadora determinó,
antes de iniciar el diseño del proyecto para un sistema de potabilización de
agua, enviar a un técnico a entrevistarse con las autoridades de AAPOS para
analizar la situación y así facilitar la participación de la OSE. El funcionario
designado para tal misión fue el Ing. Pedro López de la UGD-OSE; el Directorio
de la Administración de la Obras Sanitarias del Estado autorizó al Ing. López a
viajar a Potosí en Comisión de servicio entre el 17 y el 22 noviembre de 2008.
De esta manera, el Ing. López
emprendió viaje a Bolivia. El 17 de noviembre, Pedro López llegó a la ciudad de
Potosí, ahí tuvo una reunión de coordinación e información con autoridades de
AAPOS. Permaneció en dicha ciudad hasta el 19 del mismo mes, realizando recorridos
en la zona, pruebas de laboratorio, tareas de campo y recabando los datos
necesarios para la evaluación de las posibilidades de abastecimiento de agua
potable en el barrio “Alto Potosí”.
En el informe de la visita, el
Ing. López presentó datos generales sobre la zona y sus sistemas de
abastecimiento de agua; inversiones que están en marcha o se tiene previstas;
una evaluación sobre la calidad del agua; la propuesta para el caso específico
de Alto Potosí y los inconvenientes detectados, así como algunas sugerencias
para superarlos.
La segunda experiencia fue el proyecto
para la implementación del asocio público/público entre SEDAM de Huancayo-Perú y
ABSA/SOBSA de Argentina.
Como antecedente sabemos que SEDAM
Huancayo, empresa mancomunal de agua y saneamiento situada en los Andes
del Perú, tiene un largo historial de mala gestión por parte de antiguos
alcaldes. En 2003, el alcalde Barrios Ipenza puso en marcha la privatización de
la empresa. Para hacer frente a este intento de privatización los movimientos en
defensa del agua de Huancayo y sus contrapartes a nivel nacional en el Perú desarrollaron
como alternativa un innovador modelo de pacería público-publica.
En el año 2006, la organización
de los movimientos sociales Frente de Defensa del Agua de la Región Junín
(FREDEAJUN) consiguió evitar la privatización. Eso fue posible no sólo por las protestas
y movilizaciones sino también por el proceso participativo que desarrolló una
propuesta alternativa para reformar la empresa pública SEDAM Huancayo S. A.
Esta propuesta incluía el establecimiento de una asociación público-pública
entre SEDAM y Aguas Bonaerenses S.A (ABSA), una operadora pública de agua de
propiedad y gestión sindical del estado de Buenos Aires, Argentina.
En octubre de 2006, la FENTAP se
reunió con el Sindicato de Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires
(SOSBA) de Argentina, ambos miembros de la Internacional de Servicios Públicos
(ISP). Este encuentro tuvo lugar en el marco de los actos del Octubre Azul en
Uruguay. Tras los debates preliminares y un acuerdo de financiación con una ONG
europea, Josefina Gabriel de SUTAPAH viajó a la ciudad argentina de La Plata en
febrero de 2007. En marzo de ese mismo año, un representante del SOSBA y un
administrador sénior de 5 de Septiembre, la operadora que posee y gestiona el
SOSBA y parte de ABSA, viajaron a Lima y a Huancayo. Todo esto desembocó en una
declaración de intenciones firmada por FENTAP, FREDEAJUN, SUTAPAH y SOSBA en
marzo de 2007, por la que se comprometían a trabajar a base de un acuerdo de cooperación
entre ABSA y SEDAM, y a fortalecer el movimiento en Huancayo.
Con estas bases, el personal más
experimentado de 5 de Septiembre se reunió con empleados de SEDAM con el
objetivo de presentar y consolidar la propuesta de PUP, y tener una idea de la
realidad de la empresa peruana. En abril de 2007 el SOSBA presentó una
evaluación de SEDAM que demostraba que no sólo era viable introducir mejoras en
la empresa, sino que era posible hacerlo con una inversión menor de lo que se
había pretendido con la PSP.
El gran paso se dio cuando el
administrador general de SEDAM decidió respaldar la propuesta de la PUP, que
culminó el 21 de junio de 2007 con la firma de un contrato entre SEDAM y ABSA.
El acuerdo marco de cooperación entre ABSA y SEDAM Huancayo establece objetivos
y actividades como, por ejemplo, desarrollo tecnológico, intercambio de
personal y conocimientos, desarrollo de capacidades para personal y usuarios,
transferencia de tecnología y propuestas para mejoras administrativas.
Después de la firma, el acuerdo no
se ha desarrollado por falta de voluntad política local, enfrenamientos entre
la política nacional y agotamientos de poder popular. Aunque el acuerdo no se
ha implementado como se esperaba ha funcionado como una barrera frente a nuevos
intentos de privatización, lo que es un logro considerando la situación
políticamente desfavorable que existe en el Perú.
Nuevas
iniciativas de acuerdos
Además de varias iniciativas por
concretarse, actualmente la Plataforma está poniendo en marcha dos acuerdos. El
primero entre la Empresa Pública Municipal SEDACUSCO del Perú y la Empresa Pública Nacional Obras Sanitarias
del Estado- OSE de Uruguay, acuerdo formalizado el 26 de abril pasado con la
firma de un convenio de asocio público-público entre ambas empresas.
El segundo se viene desarrollando
entre ABSA de Argentina y Arequipa; ya existe firmado un acuerdo de intención
entre ambas empresas. Estos acuerdos se dan en contextos políticos favorables y
prometen ser casos de buena práctica que van a demostrar como los acuerdos
públicos-comunitarios pueden aumentar las capacidades de reforma en el sector
público-comunitario.
Queda mucho camino por recorrer
en el proceso de establecimiento de la Plataforma, se cuenta con las voluntades
de los miembros, la experiencia de las organizaciones y grupos involucrados,
los proyectos que serán impulsados, los ejemplos de otras plataformas, sin
embargo el reto de involucrar a los diferentes actores y lograr que los
acuerdos, no sólo se firmen sino se ejecuten hasta su término compromete la
participación activa y constante de todos los implicados en la dinámica de la
gestión del agua.
[1] La Guerra del Agua en Cochabamba Bolivia (abril, 2001); el plebiscito uruguayo por la defensa del Agua (octubre 2004), el estado de asamblea permanente en la Argentina, que da nacimiento a la Asamblea Provincial de Santa Fé, (diciembre, 2002); la lucha por la derogación de la Ley 4047, en el Brasil; y el retiro de multinacionales como Suez, Aguas de Barcelona y Becthel, Aguas de Bilbao.